PRONUNCIAMIENTOS INTERNACIONALES :
Detenciones arbitraria y excesivo uso de la fuerza policial
ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA
Caso SLV 110707 Excesivo uso de la fuerza policial / Malos tratos / Detenciones arbitrarias / Condenas injustas//Temor por integridad personal
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en El Salvador.
Descripción de la situación:El Secretariado Internacional de la OMCT acaba de ser informado por Antenna Internacional, organización miembro de la red SOS-Tortura, sobre la violenta represión por parte de miembros de la Policía Nacional, contra las comunidades que estaban realizando una protesta pacífica en el municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, así como sobre las detenciones arbitrarias y las condenas a prisión, según las denuncias injustas, contra varios pobladores
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 2 de julio de 2007, diversas organizaciones sociales y comunitarias, programaron realizar una jornada de protesta pacífica en la carretera que conduce de San Martín a Suchitoto, motivada por dos razones fundamentales: en primer lugar para manifestar su rechazo al nuevo enfoque de la Política Nacional de Descentralización que representa el inicio de la privatización del agua a nivel nacional. La población ha manifestado que ha perdido la confianza en las propuestas gubernamentales debido al hecho de que en ocasiones anteriores los proyectos privatizadores se han venido disfrazando a través de otras figuras jurídicas.
En segundo lugar la manifestación coincidía con el primer aniversario del brutal asesinato político de los Sres. Juanita Monjarás de Manzanares y Francisco Manzanares, ocurrida en Suchitoto el 2 de julio de 2006, crimen que según las denuncias, se encuentra hasta el día de hoy en total impunidad.
Según las denuncias, miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC), lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma contra numerosas personas, quienes tuvieron que salir huyendo hacia el monte en diversos grupos. Además, la UMO junto al Grupo Elite de Reacción Policial (GRP), los asedió y persiguió por tierra y por aire, durante más de 4 horas. Las denuncias agregan que, además, todo el operativo estuvo respaldado por un fuerte contingente militar que incluso hizo uso de tanquetas.
Según las informaciones recibidas más de 25 personas fueron heridas con balas de goma y entre ellas 18 personas fueron gravemente afectadas por gas pimienta; además 14 personas fueron detenidas y acusadas en un principio de desordenes públicos y de asociaciones ilícitas.
Posteriormente, el 8 de julio de 2007, fueron condenadas a una pena de tres meses de prisión preventiva, bajo los cargos de terrorismo, las siguientes 13 personas: los Sres. Manuel Antonio Rodríguez Escalante, Héctor Antonio Ventura Vásquez, José Ever Fuentes, Patricio Valladares Aquino, Clemente Guevara Batres, Santos Noel Mancía Ramírez y Vicente Vásquez Basilio, y las Sras. Marta Yanira Méndez y Beatriz Eugenia Nuila González. También fueron condenados ese mismo día cuatro miembros activos de la Asociación de las Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), las Sras. Marta Lorena Araujo Martínez, Rosa María Centeno Valle, María Aydee Chicas Sorto y Sandra Isabel Guatemala.
Otro de los detenidos durante los hechos del 2 de julio, el Sr. Facundo Dolores García, fue dejado en libertad, sin que se hayan proporcionado mayores informaciones al respecto.
Por otro lado las comunidades de la zona, también se vieron afectadas debido a la excesiva cantidad de gases utilizados contra los manifestantes, y tuvieron que desalojar a los niños de las escuelas por esta misma razón. Al mismo tiempo, una patrulla de la PNC se atravesó frente a un vehículo del CRIPDES, en la entrada a la ciudad, capturando a las cuatro personas ya nombradas de la mencionada Asociación, detenidas solamente por el hecho de dirigirse hacia la concentración.
Las informaciones agregan que, luego, al tener conocimiento de estas capturas, el grupo de personas que estaba en la plaza se trasladó a la entrada del Barrio de La Cruz para pedir la libertad de los detenidos, e inclusive el párroco de la localidad intervino también a solicitud de la población. La PNC dijo que iba a negociar y que levantaría un acta para liberar a las personas detenidas, pero los miembros de la UMO, entraron sin aviso, haciendo uso de la violencia y con malos tratos, agrediendo incluso al auxiliar del párroco, lo cual impidió solucionar el incidente de forma pacífica, sin permitir el diálogo ni la mediación.
De acuerdo con las informaciones, los detenidos fueron consignados a la orden del juez de Cojutepeque y recluidos inicialmente en Santa Cruz Analquito, en el mismo departamento de Cuscatlán. Según las denuncias, fueron detenidos en condiciones inhumanas y degradantes: hay hacinamiento, falta de higiene, falta de privacidad, incluso para hacer sus necesidades fisiológicas. Además, los hombres están mezclados con reos comunes; a hombres y mujeres, solo se les permite ir al baño dos veces al día, a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde.
Se ha denunciado también que uno de los detenidos, cuyo nombre no se ha informado, se encontraba muy mal de salud en el hospital, pues tuvo vómito de sangre como consecuencia de los golpes que recibió al ser detenido; otra persona, cuyo nombre tampoco fue informado, está quemada con el gas y otra, con serios problemas emocionales. Se ha informado que aunque se ha podido visitar a los detenidos, esto se realiza a discreción de la PNC, durante una hora al día.
El Secretariado Internacional de la OMCT, al condenar vehementemente esta violenta represión manifiesta su extrema preocupación tanto por la seguridad como por la salud de todas las personas detenidas y heridas como consecuencia de las intervenciones policiales arriba denunciadas y solicita al gobierno salvadoreño que tome de inmediato las medidas mas urgentes para garantizar las mismas.
La OMCT de manera general solicita a las autoridades de El Salvador para implementar condiciones mínimas de seguridad y respecto a la integridad física y psicológica de todas las personas que sean privadas de libertad, de acuerdo con sus leyes nacionales y sus compromisos adquiridos con los instrumentos internacionales de derechos humanos en particular con la Convención contra la Tortura, de la cual El Salvador es Estado parte.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades salvadoreñas con el fin de solicitarles:
1. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las persona detenidas y heridas arriba mencionadas, incluyendo una atención médica urgente, adecuada y gratuita para aquellos que lo requieran;
2. ordenar la liberación inmediata de las personas detenidas arriba mencionadas en caso de encontrarse detenidas en ausencia de cargos legales validos, o, en el caso de que estos cargos existan llevarlas ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles en todo momento todos sus derechos del debido proceso;
3. llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial en torno a las circunstancias de estos hechos, en particular sobre las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
4. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por El Salvador.
Direcciones
- Sr. Presidente Elías Antonio Saca, Presidencia de la República, Gobierno de El Salvador, Secretaría de Comunicaciones Fax: +503.2243 9947 +503.2243 7857 +503.2243 9930
E-mail.:casapres@casapres.gob.sv; - Sr. Embajador Byron Fernando Larios López, Misión Permanente de la República de El Salvador ante las Naciones Unidas, Rue de Lausanne 65, CH-1202, Ginebra, Suiza, E-mail : mission.el-salvador@ties.itu.int; mission.ginebra@rree.gob.sv; FAX: +4122 738.47.44
- Licenciado Héctor González Urrutia, Embajador en Bruselas, FAX: +322.735.02.11, Avenue de Tervueren 171, Segundo Piso, 1150 Bruselas, Bélgica.
- Licenciado Félix Garrid Safie, Fiscal General de la República, Colonia Flor Blanca, 49 Avenida Sur, Edificio 8-B, San Salvador, El Salvador Fax: +503 2249 8613
- Doctor Agustín García Calderón, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador, Fax: +503 2243 9930, +503 2243 7857
- Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 90 Av. Norte y 51 Calle Poniente, Edificio AMSA N1 535 San Salvador, El Salvador Fax: + 503 2222 0655
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Colonia San Benito. Calle Circunvalación, No.227, San Salvador, El Salvador, Fax: +503.2243-9656
- Ministerio de Gobernación. Fax: +503.2281-5959
- Viceministerio de Seguridad Ciudadana, e-mail: webmaster@gobernacion.gob.sv
- Director General de la Policía Nacional Civil PNC, El Salvador. Tel: +503.2254-8700. Fax: +503.2245 1554/ +503.2221 39 55/ +503.2221 36 88
Favor escribir también a las representaciones diplomáticas de El Salvador en sus respectivos países.
Ginebra, 11 de julio de 2007
**Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
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EL SALVADOR Declaración pública Índice de AI: AMR 29/002/2007 (Público)
Numero del Servicio de Noticias: 133
13 de julio de 2007 El Salvador : Manifestantes víctimas de legislación antiterrorista. AMNISTÍA INTERNACIONALAmnistía Internacional expresa su profunda preocupación ante el uso de legislación antiterrorista en contra de trece manifestantes y dirigentes de organizaciones sociales. La reacción de las autoridades parece reflejar un uso indebido y desproporcionado de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, aprobada en septiembre de 2006 por la Asamblea Legislativa. En este contexto, la organización teme que las detenciones hayan sido impuestas para sancionar a las personas por haber participado en actos de protesta legítimos y para inhibir futuros actos similares.
El 2 de julio de 2007, durante protestas en Suchitoto ante el inminente anuncio por parte del Presidente Elías Antonio Saca de una política nacional de descentralización, incluyendo los servicios de agua y otros, los manifestantes fueron reprimidos por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos. Según informes, alrededor de 30 manifestantes fueron detenidos, incluyendo cuatro miembros de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) mientras se dirigían hacia el lugar de la manifestación. Posteriormente, varios de los detenidos informaron haber sido objeto de malos tratos físicos y sicológicos durante la detención y traslado a cuarteles policiales.
Según las normas internacionales de derechos humanos, ésta era una manifestación legítima. Es por esto que preocupa a Amnistía Internacional la aplicación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo a los acusados. También existe preocupación por la situación actual de los trece detenidos ya que estarían recluidos junto a presos ya condenados -muchos de ellos por crímenes violentos-.
Amnistía Internacional reconoce el derecho y la responsabilidad de las autoridades de tomar las medidas necesarias para mantener el orden público, pero siempre que ejerzan sus funciones sin contravenir las normas internacionales de derechos humanos que el Estado salvadoreño tiene el deber de respetar. Amnistía Internacional hace notar que frente a situaciones en que se invoca la lucha contra el terrorismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos regionales e internacionales, ha instado a los Estados miembros a “tener en cuenta los compromisos pertinentes en virtud de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que están obligados”.
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El dictado y aplicación de disposiciones como la Ley Especial contra actos de Terrorismo, en la medida en que contravienen preceptos sobre derechos fundamentales, constituirían una suerte de abuso normativo al destinarse a criminalizar hechos y personas de modo injustificado. Amnistía Internacional hace un llamado urgente a las autoridades para que actúen ateniéndose a las normas internacionales de derechos humanos – cuya aplicación prevalece según el artículo 144 de la Constitución salvadoreña – y emprendan investigaciones prontas, imparciales, objetivas e integrales.En atención a todo ello Amnistía Internacional considera que corresponde dejar sin efecto todos los cargos que impliquen menoscabo al ejercicio legítimo de derechos fundamentales y disponer la libertad de los imputados con dichos cargos.
1 Primera recomendación del documento de la Comisión Interamericana titulado “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos” (OEA/Ser.L/V/II 116, Doc. 5 rev. 1 corr. Octubre de 2002)===============================================
LA CAONGD MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR CAONGD
Sevilla, 13 de julio de 2007
La Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD) quiere mostrar su preocupación por el alarmante deterioro de los Derechos Humanos en la República de El Salvador.
El Salvador está viviendo en los últimos meses un preocupante retroceso en el proceso democrático que se iniciara con los Acuerdos de Paz firmados hace 15 años y que pusieron fin a años de enfrentamientos.A las denuncias de impunidad de crímenes cometidos durante el conflicto armado, se le suman los casos de hostigamiento y amenazas a organizaciones defensoras de los derechos humanos y la aparición de Escuadrones de la Muerte, como los que acabaron con la vida de Francisco Antonio Manzanares y Juana Monjarás de Manzanares, padres de la locutora de radio y activista política Marina Manzanares, sin que hasta la fecha nadie haya sido puesto a disposición judicial.
Un año después de este asesinato, el pasado 2 de julio de 2007, con ocasión de la celebración de una protesta ciudadana contra la política de privatización de servicios públicos esenciales como el agua o la salud, 14 personas miembros de organizaciones sociales de El Salvador fueron detenidas y enviadas a prisión, compartiendo celda con presos comunes, la mayoría «mareros» (pandilleros) ya conocidos y altamente peligrosos.La CAONGD quiere mostrar su honda preocupación por la decisión de la jueza encargada del caso de aplicar la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en El Salvador a 13 de los detenidos. Esto implica la permanencia de facto en prisión de estas personas durante los próximos tres meses, la amenaza de una condena entre 20 y 30 años de prisión y la posible ilegalización de las Organizaciones Sociales a las que pertenecen.
La CAONGD considera que bajo la excusa de la nueva «Guerra Global contra el Terror», el Gobierno de El Salvador ha emprendido un proceso de ilegalización y persecución de los movimientos sociales de consecuencias muy negativas para la vida democrática del país, que le hacen retroceder muchos años en el camino de normalización política que inició con los Acuerdos de Paz.
Por último, la CAONGD quiere mostrar su solidaridad con las Organizaciones Sociales salvadoreñas, muchas de ellas socios locales de ONGD andaluzas miembros de la Coordinadora. =========================================
Periodista detenida por «terrorismo» cuando cubría una protesta; fotógrafo de Reuters herido. REPORTEROS SIN FRONTERAS
11 de julio de 2007
RSF se subleva contra la abusiva detención de la periodista asociativa María Haydee Chicas, detenida el 2 de julio de 2007 junto con otras 13 personas, por «actos de terrorismo» como consecuencia de una manifestación en el noreste del país. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha denunciado la detención, explicando que «la policía llevó a cabo una actuación arbitraria al detener a la periodista, cuando no hacía otra cosa que cumplir con sus labores periodísticas».
La periodista continúa detenida y, con la nueva ley antiterrorista, podrían condenarle a una pena de 40 a 60 años de cárcel. RSF pide su libertad inmediata.
«La detención de María Haydee Chicas representa un grave abuso de poder, y constituye un atentado caracterizado de la libertad de prensa.Osar pretender que una periodista que solo cumplía con su trabajo ha sido cogida en flagrante delito de «terrorismo» resulta ridículo y peligroso. Reporteros sin Fronteras se suma a la petición de la APES en favor de su libertad. Hacemos un llamamiento personal al Presidente de la República, Elías Antonio Saca quien, en tanto que garante de la Constitución, no puede permanecer sin reaccionar frente a tal violación de las libertades fundamentales», ha declarado RSF.
La periodista fue detenida cuando iba a Suchitoto, Cuscatlán (Noreste), para cubrir un forum asociativo contra las nuevas medidas gubernamentales de privatización de la distribución del agua. Chicas se encarga de la comunicación de la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), una de las organizaciones que habían convocado la concentración.
Antes de que llegara al lugar el Presidente de la República, Elías Antonio Saca, un centenar de campesinos, que debían participar en el forum, cerraron varias calles para protestar por la privatización del agua. La concentración, al principio pacífica, degeneró en una manifestación violenta que causó 25 heridos, cuando intervino la policía. En el acto, las fuerzas del orden detuvieron a 14 personas. Cinco de ellas, entre las que se encontraba la periodista Chicas, fueron interceptadas cuando iban en un vehículo perteneciente a la CRIPDES.Chicas fue detenida en el momento en que se disponía a grabar la escena. Una de las personas detenidas ha sido puesta en libertad.
La detención de la periodista y sus compañeros ha suscitado gran conmoción entre la prensa y la sociedad civil del país. Un centenar de organizaciones han firmado una petición, pidiendo la libertad de los 13 detenidos. La APES ha recurrido al fiscal para la defensa de los derechos humanos, Oscar Humberto Luna. Por otra parte, Luis Galdámez, fotógrafo de la agencia Reuters, figura entre los heridos en la manifestación de Suchitoto.Para mayor información, comunicarse con Benoît Hervieu, RSF, 5, rue Geoffroy Marie, Paris 75009, Francia, teléf: +33 1 44 83 84 68, fax: +33 1 45 23 11 51, correo electrónico: [Email], Internet: http://www.rsf.org
Comment posted by megafox
at 7/18/2007 8:01:00 PM
este es una clara muestra de la represion q se avecina hay q preparace aunque sea con garrotes para hacerle frente a estos pendejos q nos tienen comiendo mierda
Comment posted by Anonymous
at 7/18/2007 4:10:00 PM
La tarea es buscar quemar todos estos videos y que se den a conocer mediante mitines y de esa forma se difunde esta informacion.
Comment posted by mario
at 7/17/2007 8:22:00 PM
Sí, es triste cómo se evidencia la falta de objetividad de nuestros medios y como, para cualquier situación, es más fácil actuar desde otro país que no sea el nuestro
😦 ò.ó
Comment posted by Anonymous
at 7/15/2007 8:31:00 PM
Bueno pues senores parece otra vez mas que nuestros medios de comunicacion no vieron la misma pelicula que la que vieron la mayoria de salvadorenos y organizaciones de defensa de derechos humanos internacionales.
organizaciones APOLITICAS, dicho sea de paso.No sera sorprendente
que nuestros medios no hagan ningun comentario sobre estas condenas Es mas
Si apenas hablan de eso sera para desacreditar a tales organizaciones.Continuemos las denuncias.
Comment posted by Cilia
at 7/15/2007 10:52:00 AM
Pues a estos 3 pronunciamientos se agrega el de la Organización Mundial contra la Tortura, quienes el 11 de Julio también expresaron su preocupación por la situación de derechos humanos en El Salvador; les dejo aquí el link para que puedan acceder y leerlo, y bueno si se puede colgarlo aquí al lado de estos.
OMCT – PRONUNCIAMIENTO – WEB OFICIAL
Blog El Trompudo 
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